Ordenanza municipal sobre gestión de residuos de la construcción y demolición en el término municipal de Zalla



El Ayuntamiento está trabajando en la elaboración de una ordenanza municipal sobre gestión de residuos de la construcción y demolición (RCD) que, cumpliendo en actual marco normativo, le permita avanzar en la sostenibilidad, reduciendo el impacto medioambiental y minimizando en la medida de lo posible la generación de RCDs en Zalla. La norma pretende establecer unos requisitos mínimos en la producción y gestión de este tipo de residuos para promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a su eliminación.

La problemática medioambiental creada por la profusa actividad del sector productivo de la construcción, generando residuos y vertidos incontrolados, hace necesario que el Ayuntamiento de Zalla de una respuesta en tiempo y forma acorde a los tiempos que vivimos: global, participativa, tecnológicamente avanzada y en concordancia y armonía con las tendencias sociales, económicas y ambientales.

Fecha de consulta pública:

del 3 al 17 de noviembre de 2016

Documento completo:

Aquí + Resumen de la ordenanza

Descripción de la ordenanza:


- Antecedentes de la norma:


Dentro del marco legislativo de la CAPV, tanto en la Ley Orgánica Estatuto de Autonomía del País Vasco (artículo 11, 1-a) y más específicamente, en la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en su artículo 3 y 4, reconoce también el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes. También, en el artículo 7, apartado 3º, indica que corresponde a los municipios ejercer las competencias reconocidas por esta ley, las atribuidas por la legislación de régimen local y las que les atribuyen la legislación sectorial medioambiental. Finalmente, en su artículo 87 Ordenanzas municipales de medio ambiente, indica que los entes locales, en el ejercicio de sus atribuciones en materia ambiental, deberán aprobar las correspondientes ordenanzas municipales de medio ambiente, pudiendo establecer en el marco de sus competencias en materia de residuos, las condiciones a las que deberán someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y demolición, así como las formas y cuantía de una garantía financiera. Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero.
Igualmente y de manera mas recientemente, la Ley 4/2015 , de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, hace referencia al deber básico de las personas físicas o jurídicas poseedoras y propietarias de los suelos que soporten instalaciones o actividades potencialmente contaminantes del suelo, la necesidad de adoptar medidas preventivas y de defensa destinadas a evitar la presencia de sustancias contaminantes en el suelo o minimizar sus efectos (Art. 15º y siguientes), o la implantación de medidas de control y seguimiento por las personas físicas o jurídicas poseedoras del suelo con el fin de obtener datos de la evolución de su calidad o de los medios afectados por la contaminación o alteración de éste. Así, las edificaciones o instalaciones sobre suelos en los que se hayan desarrollado actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo (según códigos CNAE o que estén inventariadas, según Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes y su próxima modificación), resultará preceptiva la obtención de declaración de calidad del suelo o cuando menos la elaboración de un estudio adicional y previo al otorgamiento de licencias de construcción, reforma o nueva construcción.
En esta línea la Unión Europea en su propuesta de Tratado por el que se establece su Constitución, en sus artículo Art. II-97. Protección del medio ambiente, propone que las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. Insisten en que la política medioambiental de la Unión tendrá como objetivo un nivel elevado de protección, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de precaución y de acción preventiva, en el principio de corrección de los daños al medio ambiente, preferentemente en el origen, y en el principio de que quien contamina paga.
A pesar de este escenario proteccionista, en esta última década se ha producido una elevada actividad, y no siempre sostenible ambientalmente, del sector de la construcción. Esta situación ha provocado, entre otras, una generación de gran cantidad de residuos procedentes tanto de la construcción, como de la demolición.
La complejidad de la problemática deriva tanto de su volumen como de su escaso tratamiento y valorización. Entre los impáctos ambientales derivados de estos vertidos destaca la contaminación de suelos y acuíferos, el daño paisajístico, resultando a su vez de foco de atracción de otros residuos y de plagas insalubres.
La Administración Central, sensible a esta problemática, en estos últimos años ha legislado profusamente sobre esta materia, recogida en articulados específicos o incluso dedicando el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, exclusivo para esta materia. Además, introduce una nueva responsabilidad a los que contaminan: Se añade a el principio “el que contamina paga”, el “quién contamina paga y repara”, frase sintetizadora de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de 2007, de Responsabilidad Medioambiental.
Más recientemente, la transposición de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, («Directiva marco de residuos» en adelante), mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (que a su vez deroga la anterior Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos), hace referencia a la definición del nuevo marco jurídico en los siguientes aspectos:
1. Proporciona los instrumentos que permiten disociar la relación existente entre crecimiento económico y producción de residuos, haciendo especial hincapié en la prevención, entendida como el conjunto de medidas adoptadas antes de que un producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y contenido en sustancias peligrosas como los impáctos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente de los residuos generados.
2. Incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos que ha de centrarse en la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de valorización, incluida la valorización energética.
3. Aspira a transformar la Unión Europea en una «sociedad del reciclado» y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
4. Orienta la política de residuos conforme al principio de jerarquía en la producción y gestión de los mismos, maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de la producción y gestión de residuos.
5. Promueve la implantación de medidas de prevención, la reutilización y el reciclado de los residuos, y conforme a lo que establece la Directiva marco permite calificar como operación de valorización la incineración de residuos domésticos mezclados sólo cuando ésta se produce con un determinado nivel de eficiencia energética.
6. Aspira a aumentar la transparencia y la eficacia ambiental y económica de las actividades de gestión de residuos.
7. Promueve la innovación en la prevención y gestión de los residuos, para facilitar el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la sociedad en cada momento, lo que sin duda incidirá en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este sector y contribuirá a la conservación del clima.
Y tal y como indica el título I, en su artículo 12º “Competencias administrativas”, así como en la Disposición Transitoria Segunda “Ordenanzas de Entidades Locales”, son varias las administraciones públicas que intervienen en la gestión de los residuos, por lo que se determina las competencias administrativas de cada una de ellas y se clarifica la distribución competencial existente en la anterior Ley, especialmente en lo relativo a las Entidades Locales, que podrán establecer a través de sus ordenanzas las condiciones para la entrega de los residuos cuya gestión hayan asumido.
Paralelamente, el Real Decreto 105/2008, atribuye, en su artículo 6, el régimen de control de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición a las comunidades autónomas y las entidades locales, promoviendo la colaboración y asistencia mutua entre ambas. Por otro lado, el R.D.105/2008 en su disposición adicional primera excluye de las obligaciones de productores y poseedores de RCD (artículos 4 y 5) desarrolladas por el R.D.105/2008, a todas aquellas obras menores de construcción o reparación domiciliaria, las cuales deberán estar sujetas a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.
Dentro del marco de la CAPV, el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, hace referencia a la obligación de entroncar los procedimientos de concesión de licencias o de las actuaciones que requieran autorización con la gestión de residuos de construcción y con el establecimiento de fianzas que permitan garantizar la realización de su gestión (Art.5). Igualmente, el Decreto hace remisión a una Ordenanza Municipal para la definición de las Obligaciones de las personas productoras y poseedoras de residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor (Art. 9). Finalmente, en sus tres disposiciones finales se establecen los plazos para la definición de la presente Ordenanza y la disposición de infraestructuras municipales de residuos de construcción y demolición.
Desde el punto de vista urbanístico, esta Ordenanza aborda de manera concordante con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, las regulaciones para orientar el urbanismo hacia el principio de desarrollo sostenible aplicado a los modelos urbanos y a sus desarrollos edificatorios, por lo que recoge en su artículo 207 los actos sujetos a licencia urbanística y en su artículo 75 Ordenanzas municipales complementarias de la ordenación urbanística, en los que se contemplan la adopción de criterios que ayuden al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad y de reducción de los impactos ambiéntales de todas las actuaciones de construcción y demolición sujetas a licencia urbanística, de acuerdo con sus competencias, determinadas conforme a la legislación de régimen local.
Cabe resaltar el papel que históricamente han desempeñado las entidades locales en la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se ha mantenido un continuo esfuerzo de adaptación de las Ordenanzas municipales medioambientales a los objetivos del mismo.


- Problemas que pretende solucionar la nueva norma:


En este marco normativo, el Ayuntamiento de Zalla toma la iniciativa legislativa, proponiendo la aprobación de esta Ordenanza de Residuos de la Construcción y la Demolición, para la de reducción del impacto medioambiental y que pretende alcanzar unos objetivos tendentes a minimizar en la medida de lo posible la generación de RCDs, estableciendo los requisitos mínimos de su producción y gestión, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. Este modelo de gestión se basa en el principio que se recoge en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 , y adicionalmente supone un instrumento jurídico para la consecución de los objetivos contemplados en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2014-2020.
La Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de RCDs se considera el instrumento que facilitará al Ayuntamiento el control sobre el cumplimiento de los objetivos de tratamiento y separación de los residuos consignados en el Estudio de Gestión de Residuos que toda obra mayor ha de cumplimentar y en especial la regulación de las obras menores, que permitan afianzar en el municipio una nueva cultura de la sostenibilidad y reducción de los residuos no peligrosos generados por la actividad de las construcción y demolición.
Obsérvese que la Ordenanza hace especial hincapié no solo en el correcto tratamiento de los residuos, sino que también incentiva la adopción por parte de promotores y técnicos de prácticas, medidas y soluciones técnicas, que redunden en un menor consumo de energía, reutilización interna o externa de los residuos y valorización de los RCDs, mediante la aplicación de cánones diferenciados de fianza para cada tipo de tratamiento y tipo de obra.
Así, mediante la implantación de la Ordenanza se posibilitará las acciones efectivas y preventivas para el logro del desarrollo sostenible y la reducción de impáctos medioambientales que se pretende instaurar socialmente, desarrollando las medidas de control y fiscalizadoras sobre las actuaciones del sector de la construcción dentro del Municipio.
Esta estrategia de actuación y prevención pretende implicar activamente a todos los agentes que intervienen en el proceso de gestión de residuos (Productores, poseedores, gestores y transportistas), con los objetivos de garantizar un mayor control sobre la generación y gestión de RCD, Extender las prácticas de clasificación en origen de RCD en obra mayor y menor, Reducir en origen la generación de RCD, Separar en origen de los RCD peligrosos generados en obra y gestión de acuerdo a la legislación de residuos, Erradicar el vertido incontrolado de RCD, Tratar los RCD por gestor autorizado en los términos establecidos en la legislación, Fomentar la reutilización y el reciclado de los RCD que se generen, así como otras formas de valorización y Fomentar el consumo de áridos reciclados.

- Necesidad y oportunidad de su aprobación:

La Ordenanza aprovecha su capacidad regulatoria para unificar los criterios sobre la ocupación de la vía pública, puesto que es generalmente en este espacio donde se llevan a cabo gran parte de los trabajos de gestión de los residuos, por lo que se entiende que una correcta regulación permite una reducción de las molestias a vecinos contiguos a las diferentes obras, así como facilitar a la administración local ejercer de una manera más sustantivada su capacidad de vigilancia y sanción sobre las conductas laxas, con las que se aborda el uso, reposición y limpieza de estos espacios públicos.
De manera sintética la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de RCDs se articula en cinco bloques principales: Las Disposiciones Generales, La gestión de los RCDs, La ocupación de la vía pública y utilización de los contenedores, Las autorizaciones y El régimen sancionador. Adicionalmente, se incluye una ficha y un certificado para el correcto seguimiento y gestión de los RCDs y su posterior tratamiento estadístico.
La incidencia que la aplicación de lo dispuesto en esta Ordenanza va a provocar en los distintos agentes es una mayor sensibilización e interés sobre el modo de gestión de los RCDs, su tratamiento y alternativas de uso. Todo ello, redundará en la sustantivación de una nueva mentalidad y de compromisos con el medioambiente, realmente efectivos y alejados de un discurso retórico vacío. Para ello, se considera precisa la puesta en marcha de campañas de información que permitan conocer el alcance de la Ordenanza, los beneficios sociales y sobre el medioambiente que supone la adopción de políticas cada vez más comprometidas y efectivas con el fomento a la cultura de la sostenibilidad de la construcción, más que como una acción de policía de la Administración pública frente al ciudadano.
Constituye pues el objeto de la presente Ordenanza, la regulación específica en este Término Municipal de la obligación legal reducir el impacto medioambiental de los residuos de construcción y demolición que se generen en las obras menores y mayores (en lo no regulado en el Decreto 112/2012), correspondiendo al Productor de residuos de construcción y demolición, garantizar el correcto tratamiento de los mismos y procurar la aplicación de las alternativas de reutilización, reciclado y valorización de los residuos generados, asegurando la protección efectiva del medio ambiente y contribuyendo de este modo a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción en el Municipio.
La Ordenanza aprovecha su capacidad regulatoria para unificar los criterios sobre la ocupación de la vía pública, puesto que es generalmente en este espacio donde se llevan a cabo gran parte de los trabajos de gestión de los residuos, por lo que se entiende que una correcta regulación permite una reducción de las molestias a vecinos contiguos a las diferentes obras, así como facilitar a la administración local ejercer de una manera más sustantivada su capacidad de vigilancia y sanción sobre las conductas laxas, con las que se aborda el uso, reposición y limpieza de estos espacios públicos.
De manera sintética la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de RCDs se articula en cinco bloques principales: Las Disposiciones Generales, La gestión de los RCDs, La ocupación de la vía pública y utilización de los contenedores, Las autorizaciones y El régimen sancionador. Adicionalmente, se incluye una ficha y un certificado para el correcto seguimiento y gestión de los RCDs y su posterior tratamiento estadístico.
La incidencia que la aplicación de lo dispuesto en esta Ordenanza va a provocar en los distintos agentes es una mayor sensibilización e interés sobre el modo de gestión de los RCDs, su tratamiento y alternativas de uso. Todo ello, redundará en la sustantivación de una nueva mentalidad y de compromisos con el medioambiente, realmente efectivos y alejados de un discurso retórico vacío. Para ello, se considera precisa la puesta en marcha de campañas de información que permitan conocer el alcance de la Ordenanza, los beneficios sociales y sobre el medioambiente que supone la adopción de políticas cada vez más comprometidas y efectivas con el fomento a la cultura de la sostenibilidad de la construcción, más que como una acción de policía de la Administración pública frente al ciudadano.
Constituye pues el objeto de la presente Ordenanza, la regulación específica en este Término Municipal de la obligación legal reducir el impacto medioambiental de los residuos de construcción y demolición que se generen en las obras menores y mayores (en lo no regulado en el Decreto 112/2012), correspondiendo al Productor de residuos de construcción y demolición, garantizar el correcto tratamiento de los mismos y procurar la aplicación de las alternativas de reutilización, reciclado y valorización de los residuos generados, asegurando la protección efectiva del medio ambiente y contribuyendo de este modo a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción en el Municipio.


- Objetivos de la norma:

Por todo lo anteriormente expuesto y, en aras del cumplimiento de lo legalmente establecido y de fomentar desde la Administración Municipal de una forma efectiva la gestión de los RCDs, en aras a mejorar las características y tratamiento de los diferentes residuos, se redacta la presente Ordenanza. Por todo lo anteriormente expuesto y, en aras del cumplimiento de lo legalmente establecido y de fomentar desde la Administración Municipal de una forma efectiva la gestión de los RCDs, en aras a mejorar las características y tratamiento de los diferentes residuos, se redacta la presente Ordenanza.

- Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias:


Esta cuestión resulta difícil por cuanto que la promulgación de la ordenanza es un mandato legal reglado en cumplimiento del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
En cuanto a las no regulatorias, digamos que no hay por cuanto que la ordenanza es de carácter plenamente regulatoria.
En cuanto a la regulatorias se podrían mencionar las siguientes:
- En cuanto a mecanismos de control, igualar las obras menores a la mayores, aunque hay que tener cuidado con la proporcionalidad de las medidas.
- Aumentar la exigencia de separación de las distintas corrientes de separación en las obras mayores y menores.
- Obligatoriedad de acreditar los residuos de todas las obras mediante el registro único del Gobierno Vasco.
- Fijar la obligatoriedad de gestionar los residuos de todas las obras mediante gestor autorizado, vetando la posibilidad de gestionar en Garbigunes e impidiendo la socialización de la carga de gestionar los residuos de cada promotor en la sociedad.
- Ampliar los objetivos de reciclaje por encima de los señalados en las normas, aunque cuando sea extremadamente difícil.
- Mejora de la regulación de la ocupación del dominio (vía y aceras) público derivado de las obras y los medios auxiliares de gestión (ocupaciones y reposiciones).
- Articulación de medidas complementarias de carácter sancionador.

Aportaciones ciudadanas:

Las personas, organizaciones o asociaciones que quieran realizar aportaciones en esta fase de consulta pública previa pueden hacerlo telemáticamente, enviando un email a partaidetza@zalla.org o presencialmente en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) o Arangune. Es importante reseñar que para que dichas aportaciones sean admitidas para su posterior análisis será requisito necesario la identificación de la persona, indicando: Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.